La ley 20628 regula el impuesto a las ganancias. Los trabajadores formamos parte de quienes son objeto de este impuesto; también los docentes (cuarta categoría).
La ley es tan injusta como curiosa, puesto que quienes venden su fuerza de trabajo y obtienen a cambio un salario, no están percibiendo ninguna ganancia, sino que, a la inversa están acrecentando la de los capitalistas. Pero este es nuestro sentido común y no el del estado capitalista cuya voracidad arrasa con las necesidades elementales de los asalariados, mientras cobra impuestos irrisorios a la clase patronal, incluso subsidiándola, como es el caso de la patronal
terrateniente bonaerense que paga un impuesto inmobiliario 80 veces menor al que corresponde ya que la imposición se realiza a partir del valor fiscal de su propiedad y no del valor de mercado (ochenta veces mayor).
¿Cómo funciona este impuesto para los trabajadores?
Hay un mínimo no imponible a partir del cual el trabajador docente o cualquier otro, sufre un descuento despótico, ya que ni siquiera puede realizar maniobras para evadirlo, como si lo hacen los capitalistas, puesto que el Estado o la patronal privada ejercen el rol de agentes de retención. Sucede lo mismo con el IVA, cuyo pago al fisco por parte de las patronales es evadido, a pesar de que forma parte del precio de lo que compramos. El mínimo no imponible se fue modificando: en la actualidad un trabajador soltero que percibe un salario mayor que $ 4350 sufre el cobro del
impuesto a las ganancias, y un trabajador casado y con dos hijos cuyo salario mensual es mayor de $6016 también es objeto de descuento. Siempre hacemos alusión al salario neto, es decir una vez que a éste se le deducen los descuentos jubilatorios, por obra social y aportes sindicales. Se incluye en estas cifras los medios aguinaldos repartidos en el transcurso del semestre. Si tenemos en cuenta que el costo de la canasta familiar asciende a $4500, podemos decir que es un impuesto contra la supervivencia de los trabajadores.
Un Decreto de Necesidad y Urgencia de 1992 (decreto1076) incrementó en 200% el monto del impuesto a las ganancias para trabajadores públicos, en relación de dependencia, pensiones y jubilaciones. Esta obra de Menem, no ha sido derogada por la camarilla Kirchner, ni por ningún otro gobierno.
Es necesario enfatizar acerca de la circunstancia de que la mayoría de los docentes ocupa dos cargos, y que muchos de ellos con una antigüedad importante o bonificación por desfavorabilidad suma un salario superior al mínimo no imponible, que no lo hace rico, porque se aproxima al costo de la canasta familiar, pero que sufre el descuento, a veces del 5% otras del 10% del salario neto (de bolsillo).
La burocracia sindical de Moyano y Yaski admiten esta agresión al salario, limitándose (no ahora) a pedir el aumento del mínimo no imponible. La posición de TRIBUNA DOCENTE es que hay que eliminarlo y gravar progresivamente al gran capital, e imponer un salario básico igual al costo de la canasta familiar.
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